Edición Médica

El laboratorio no ha iniciado operaciones debido a serias deficiencias estructurales y técnicas.

Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la Gobernación del Caquetá, debido a presuntas inconsistencias en la infraestructura del nuevo Laboratorio de Salud Pública departamental, que han impedido su entrada en funcionamiento.
 
Según ha precisado el Ministerio Público, el proyecto, cuyo contrato de obra superó los 17.800 millones de pesos y que contó con una inversión total cercana a los 23.847 millones provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, presenta irregularidades en su construcción. Estas deficiencias habrían impedido la recepción formal por parte de la actual administración, la ejecución de los giros pendientes y la liquidación del contrato.
 
En este contexto, la Procuraduría busca esclarecer si hubo fallas en la interventoría de la obra y si existió negligencia por parte de los servidores encargados de su supervisión. Para ello, ha ordenado la recolección de pruebas documentales relacionadas con la etapa precontractual, así como con el estado físico, técnico, financiero y jurídico de la infraestructura.
 
La obra fue inaugurada en diciembre de 2023 por el entonces gobernador Arnulfo Gasca Trujillo como una de las principales apuestas de su administración ‘Caquetá Somos Todos’. El laboratorio fue presentado como un centro de referencia para el sur del país, con capacidad para realizar pruebas de COVID-19, estudios en eventos de interés en salud pública, y procesamiento en áreas como virología, microbiología clínica, parasitología y biología molecular.
 
No obstante, ante el actual cese técnico, la Gobernación del Caquetá firmó un convenio con la Gobernación del Huila para garantizar la continuidad en el procesamiento de muestras. El acuerdo, que se enmarca en el Plan de Acción establecido con el Instituto Nacional de Salud, contempla que las pruebas sean gestionadas temporalmente por el Laboratorio de Salud Pública del Huila.
 
Este convenio ha incluido análisis de muestras humanas y ambientales, entre ellas pruebas de agua, y representa una estrategia de contingencia mientras se resuelve la situación técnica del laboratorio caqueteño. Una vez reanudadas las operaciones, el laboratorio podrá procesar nuevamente sus propias muestras, y enviar el excedente al Huila si fuese necesario.

El caso ha encendido las alertas entre las autoridades sanitarias y de control, ya que afecta directamente las capacidades diagnósticas y de vigilancia epidemiológica en una región estratégica para la salud pública del sur del país. Al momento la Gobernación no ha emitido una declaración oficial sobre las observaciones de la Procuraduría.

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