Edición Médica

Redacción. Bogotá

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la senadora Norma Hurtado han presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley para prevenir y combatir la desnutrición crónica infantil (DCI) en Colombia, una condición que, según ha resaltado la organización, afectaría actualmente a más de 432.000 niñas y niños menores de cinco años.

La iniciativa busca establecer una respuesta nacional articulada para la prevención, detección temprana y manejo integral de una problemática cuyos efectos pueden extenderse desde la primera infancia hasta la vida adulta. En el marco de la presentación del proyecto, ABACO ha resaltado que el proyecto prevé posicionar la reducción de la desnutrición crónica como una prioridad nacional.

Un reciente estudio sectorial, elaborado por ABACO en articulación con la Contraloría General de la República, ha señalado que Colombia cuenta con aproximadamente 3,64 millones de niñas y niños menores de cinco años. A partir de las estimaciones de prevalencia disponibles de la FAO para 2024, el análisis ha calculado que cerca de 432.953 menores presentan desnutrición crónica o retraso en talla.

A diferencia de la desnutrición aguda, la DCI ha estado asociada con privaciones acumuladas desde la gestación y durante los primeros años de vida. Sus consecuencias pueden comprometer el crecimiento físico, desarrollo cerebral, aprendizaje, escolaridad y productividad futura, por lo que su prevención ha trascendido el ámbito exclusivamente alimentario.

Proyecto plantea una ruta para enfrentar la desnutrición crónica

Por su parte, Juan Carlos Buitrago, director de la Fundación Ábaco, ha explicado que la iniciativa plantea una ruta de atención frente a la desnutrición crónica, con énfasis en intervenir oportunamente desde las primeras etapas de vida.

El proyecto ha puesto así el foco en la prevención y detección temprana, además del manejo integral de los menores afectados. Esta aproximación resulta relevante debido al carácter multifactorial del retraso en talla, en el que confluyen determinantes nutricionales, sanitarios, económicos, sociales y territoriales.

La propuesta también busca superar una de las principales debilidades identificadas en el análisis de la respuesta estatal. Colombia ha desarrollado políticas y programas de seguridad alimentaria, salud pública, protección social y primera infancia, pero la reducción específica del retraso en talla todavía no se ha consolidado como un objetivo explícito, medible y verificable de la gestión pública.

Estudio ha identificado vacíos en seguimiento y gobernanza

El estudio sectorial también ha identificado oportunidades de mejora en la coordinación intersectorial, gobernanza, sistemas de información y gestión territorial. Actualmente no existen condiciones suficientes para evaluar objetivamente la eficacia y eficiencia de la respuesta institucional debido a la ausencia de metas específicas, indicadores de resultado, mecanismos de seguimiento y esquemas de asignación de recursos expresamente orientados a reducir el retraso en talla.

La iniciativa legislativa ha intentado trasladar esa discusión al Congreso bajo la premisa de que la desnutrición crónica no constituye únicamente un problema nutricional, sino un determinante que puede incidir sobre el desarrollo humano y las desigualdades durante todo el ciclo de vida.

La eventual aprobación del proyecto podrá tener implicaciones sobre la detección oportuna del retraso en talla, seguimiento del crecimiento y desarrollo, atención materno-infantil, vigilancia nutricional y articulación de rutas asistenciales.

Sin embargo, el impacto dependerá de que la iniciativa avance hacia mecanismos concretos de implementación y seguimiento. El desafío será traducir la prioridad política en metas nacionales y territoriales, indicadores verificables y una ruta asistencial capaz de identificar e intervenir tempranamente a los niños en riesgo.

Ahora será el Congreso el que deberá discutir si Colombia establece un marco específico para que la prevención de la desnutrición crónica infantil pase de ser un componente disperso entre distintas políticas a convertirse en un objetivo nacional susceptible de seguimiento y evaluación.