Edición Médica

Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.

Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alarma debido al crecimiento preocupante de los trastornos mentales y las problemáticas relacionadas con la Salud mental entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país.
 
De acuerdo con la entidad, cada vez es más común observar síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento en estos grupos, factores que, lamentablemente, han llevado al aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar, los intentos de suicidio y los casos de suicidio consumado en el país.
 
Según un informe emitido por el Ministerio Público, en el primer semestre de 2023, se han registrado alrededor de 1.540 suicidios, de los cuales 479 afectaron a jóvenes, 142 a adolescentes y 1 a niños. En el año 2022, el país lamentó un total de 2.835 suicidios, de los cuales 936 correspondieron a jóvenes, 312 a adolescentes y 3 a niños.
 
En respuesta a esta preocupante situación y en cumplimiento de su papel preventivo, la Procuraduría General de la Nación ha elaborado un informe detallando el seguimiento a las acciones emprendidas por los líderes locales para promover la salud mental y prevenir el suicidio, en concordancia con la Ley 1616 de 2013.
 
Según ha resaltado el reporte, jóvenes de 17 a 24 años son el grupo con mayor incidencia de problemas de salud mental, seguidos por los adolescentes de 12 a 16 años y los niños de 6 a 11 años. Además, se ha identicado que factores determinantes como la violencia en el ámbito familiar, el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, el ciberacoso y el reclutamiento por parte de grupos armados ejercen una influencia significativa en la ideación y la conducta suicida en estas etapas de la vida.
 
El análisis realizado por la entidad también ha revelado que las principales barreras en los territorios son la falta de acceso a servicios de salud mental en términos de capacidad y oportunidad de atención, la carencia de profesionales especializados en salud mental en las regiones y el estigma asociado a buscar ayuda en este ámbito, sumado al insuficiente apoyo desde el entorno familiar.
 
Ante estos resultados, la Procuraduría, a través de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora, ha presentado una serie de recomendaciones a las entidades pertinentes. Asimismo, ha hecho un llamado al sector de la Salud para que las consultas de Psicología y Psiquiatría sean priorizadas, sin necesidad de pasar primero por una consulta con un médico general.
 
Adicional a ello, la entidad ha instado a las autoridades locales, especialmente a las secretarías de salud y educación, a revisar la asignación de recursos destinados a la prevención y atención en Salud mental, al fortalecimiento de las familias y a la promoción de la convivencia escolar. El objetivo es lograr un impacto efectivo en todos los contextos y ambientes protectores en los que se desenvuelven estos grupos vulnerables.

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