Edición Médica

Advierten que la suspensión provisional frena procesos de reorganización de redes integradas.

Redacción. Bogotá
Diversas organizaciones médicas, sociales y sindicales del país han expresado su rechazo a la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional adoptó el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.

 
A través de un comunicado conjunto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Organización para la Defensa del Paciente, el Comité de Salud de Santander, ASMEDAS Antioquia, la Octava Papeleta, la Mesa de Salud por Boyacá, Médicos Unidos de Colombia y la Federación Médica Colombiana manifestaron su preocupación frente a la decisión que mantiene en suspenso la implementación del modelo.
 
Las organizaciones firmantes sostienen que el decreto no desborda la potestad reglamentaria del Ejecutivo ni modifica la naturaleza jurídica de las EPS. Por el contrario, señalan que desarrolla mandatos establecidos en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), así como en otras normas que asignan al Estado la dirección, organización y regulación del sistema.
 
De acuerdo con el pronunciamiento, el modelo suspendido concreta el mandato constitucional de fortalecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención integral con enfoque territorial. También hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente a la Sentencia T-760 de 2008, que ha instado a corregir inequidades estructurales en el acceso y a garantizar una red que responda a las necesidades reales de la población.
 
Impacto en los territorios y en el talento humano
 
Las organizaciones advierten que la suspensión provisional genera incertidumbre en los territorios, frena procesos de reorganización de redes integradas e impacta iniciativas orientadas a la formalización laboral del talento humano en salud.
 
En el comunicado se ha enfatizado que esta situación afecta especialmente a comunidades históricamente vulnerables, donde persisten barreras de acceso y brechas en la calidad de la atención.
 
Asimismo, respaldan la solicitud presentada ante el Consejo de Estado para que se revoque la medida de suspensión provisional y se permita la implementación del modelo en beneficio de la población colombiana.
 
El documento concluye con un llamado a reconocer la salud como un derecho fundamental y no como un privilegio, subrayando que su garantía efectiva es una responsabilidad colectiva.
 
Para los gremios firmantes, el debate actual trasciende la discusión normativa y se sitúa en el centro de la gobernanza del sistema de salud, la rectoría del Estado y la consolidación de un modelo orientado a la prevención, la predicción del riesgo y la resolutividad en la atención.
 

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