Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha oficializaso la adopción del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo mediante la expedición del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, con el objetivo de fortalecer la atención primaria en salud, reorganizar los servicios y mejorar la cobertura y calidad en todo el país, especialmente en zonas con menor capacidad resolutiva.
 
Según ha indicado la cartera de salud, este decreto no constituye una reforma estructural al sistema sino una medida de implementación de lo ya aprobado en la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). La iniciativa contempla una reorganización territorial de los servicios de salud a través de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), e incluye el fortalecimiento del primer nivel de atención, inversiones en infraestructura hospitalaria y la formalización del talento humano.
 
El Ministerio también ha anunciado un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a las entidades territoriales, que incluirá transferencia de herramientas, formación, acompañamiento operativo y criterios de priorización con enfoque diferencial.
 
No obstante, el decreto ha generado tensiones en el sector Salud. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) ha expresado su preocupación por el contexto en que se da la expedición del decreto, en medio de una crisis que, según la organización, ya evidencia:
   
 
A su vez, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha calificado la medida como “una reforma estructural impuesta sin pasar por el Congreso”, y advirtió sobre su legalidad y consecuencias: cerca de 12.000 prestadores y un millón de trabajadores del sector estarían en alerta. Criticó además la falta de capacidades técnicas y jurídicas para su ejecución.
 
En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión y aseguró que “el sistema territorial ya está ordenado por ley anterior a su gobierno”. Añadió que permitir a las EPS dejar su rol como aseguradoras financieras y convertirse en gestoras de salud responde al principio constitucional de libertad de empresa.
 
El Gobierno ha insistido en que esta medida busca garantizar el derecho fundamental a la Salud, en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y asegura que no elimina las EPS ni modifica el modelo de aseguramiento, sino que promueve una mayor articulación territorial de actores públicos, privados y mixtos.
 
La implementación del modelo será progresiva, pero el debate sobre su alcance, legitimidad y consecuencias seguirá marcando la agenda sanitaria del país en medio de una crisis sistémica aún sin solución estructural.
 

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