Edición Médica

Patricia Vélez, presidenta de la SCARE.

Redacción. Bogotá
En el Senado de la República entre académicos, representantes de gremios de pacientes y de la Salud; así como los prestadores de servicios de Salud se han congregado para debatir nuevamente las puntualizaciones que analizan el futuro del sistema sanitario en Colombia. El evento ha sido liderado por el senador Miguel Uribe Turbay y el representante a la Cámara Andrés Forero, ambos del Centro Democrático.
 
El debate continúa, pero también las propuestas de archivo del texto por el desacuerdo existente entre representantes de la bancada. No obstante, directivos de los gremios de Salud han solicitado se analicen los contenidos que pueden afectar a los profesionales de la Salud y el personal sanitario en el país.
 
En ese sentido, Patricia Vélez, presidenta de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) ha instado a los congresistas y al Ministerio de Salud a revisar varios puntos contenidos en la reforma que no responden a las necesidades de los médicos y del personal en Salud del país.
 
Con respecto al sector público, la especialista ha asegurado que se eliminó en el texto aprobado la figura del trabajador estatal de la salud y no se estructuraron las condiciones de un régimen especial que reconozcan las particularidades de los trabajadores de la Salud.
 
“En todos los aspectos relevantes, el proyecto se remite a disposiciones ya existentes. Por ejemplo, el proyecto limita la remuneración de los trabajadores de la Salud a lo dispuesto en la Ley 4 del 92, el cual ha sido históricamente problemático para el sector salud, razón por la cual se justificaba un régimen especial”, ha indicado Vélez.
 
Para la presidenta, “los topes salariales de esta Ley pondrían en riesgo una adecuada remuneración de los profesionales de la salud en los municipios de rango 5 y 6 que corresponden al 90 por ciento de los municipios del país, esto puede ir en contra del propósito de la reforma de llevar talento humano a la Colombia profunda y es una de las razones por las que a la fecha no se ha podido lograr. Esto lo hemos reiterado desde la pandemia y esta reforma no aborda la solución estructural del asunto que es la creación de un verdadero régimen especial”.
 
Por otro lado, Vélez ha recalcado que, en el sector privado existe gran precarización, y solo se plantea que exista contrato laboral, sin establecer regulación de jornadas, descansos, reconocimiento de horas extras, condiciones laborales dignas y pago oportuno, entre otras condiciones especiales.
 
“Preocupa que el texto aprobado señala que las Instituciones Privadas y Mixtas se regularán por un régimen laboral concertado, pero no señala entre quiénes debe ser esa concertación, bajo qué mecanismos, ni con qué frecuencia. Con este texto seguimos en una desprotección legal para nuestros trabajos”, ha denotado.
 
En cuanto a la vinculación de especialistas, la líder gremial ha reconocido el avance al considerar diferentes formas de contratación, pero aún hace falta trabajar y reconocer nuevas formas de contratación como podría ser la creación del trabajador autónomo económicamente dependiente como modelo de contratación, figura que ha sido reconocida por la OIT y en otras legislaciones.
 
Además, “ha ayudado a solucionar en buena manera el conflicto y la brecha que se presenta entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, conflicto que ha perjudicado desde hace décadas al talento humano en Salud”, ha explicado Vélez.
 
Finalmente, la especialista ha enfatizado la importancia de que la legislación contemple modalidades que garanticen la negociación colectiva, “y que se respeten derechos adquiridos por estos grupos profesionales y se adapten a las realidades del ejercicio y las demandas del nuevo sistema, para tener la posibilidad real de contratar con especialistas en territorios alejados o con necesidades variables de servicios”.
 

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