Edición Médica

Paula Acosta, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
Ante los más recientes anuncios del Gobierno entrante acerca de la eliminación de las EPS, se ha generado gran polémica en el país. Asimismo, Carolina Corcho, ministra de Salud designada por Gustavo Petro ha enfatizado la necesidad de acabar gradualmente con este sistema de aseguramiento. No obstante, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), ha expresado que esta decisión sería un desacierto.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Paula Acosta, presidenta de la ACEMI, ha indicado que, “la pandemia por el COVID-19 evidenció que la respuesta del sistema de salud es más efectiva cuando se logra un trabajo mancomunado entre todos los actores del sistema. En este sentido, es necesario generar acuerdos en el corto plazo que permitan definir objetivos, metas y estrategias comunes involucrando a las entidades territoriales, EPS, IPS, empresas farmacéuticas y asociaciones de usuarios”.
 
Según ha precisado Acosta, “estos acuerdos pueden dar respuesta a nivel nacional y local a problemas que deben resolverse inmediatamente, como el actual desabastecimiento de algunos medicamentos”.
 
“Al mismo tiempo se afrontarían los retos para la implementación rápida de las normas recientemente expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, tales como el nuevo Plan Decenal de Salud Pública, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, el ajuste de la UPC por condiciones de salud, la eliminación o simplificación de trámites, la mejora de suministro de información a usuarios, la contratación por resultados en salud, entre otros”, ha argumentado la presidenta.
 
Asimismo, Acosta ha enfatizado que, estas normas expedidas recientemente por el MinSalud (o las que se encuentran en trámite de expedición), podrían permitir un avance significativo, si son implementadas apropiadamente en aspectos tales como el acceso oportuno a servicios de salud.
 
El desarrollo de acciones sobre los determinantes sociales de la salud, la articulación de las intervenciones colectivas a cargo de las Entidades Territoriales con las individuales a cargo de EPS, así como la reducción de peticiones, quejas, reclamos y tutelas, también son aspectos que se deben tomar en cuenta, según ha resaltado la especialista.
 
“En los sistemas de salud del mundo existe una función de articulación que permite que las normas y los recursos del sector se combinen para responder a las necesidades de la población brindando servicios de salud”, ha explicado Acosta.
 
“Lo que diferencia a los países entre sí es la manera en cómo se organizan en la práctica esa función”, ha recalcado Acosta y agregó que, “mientras en algunos casos esto lo hace el Gobierno, en otros la función es desempeñada por entidades privadas”.
 
En Colombia, la articulación es una función indelegable del aseguramiento establecida en la Ley 1122 de 2007, ejecutada por una entidad especializada en ello: las EPS, “quienes, en el marco de esta función, tienen a su cargo la gestión del riesgo en salud, gestión del riesgo financiero, representación del afiliado, organización de la red y la garantía de la calidad de los servicios”, ha reseñado la presidenta.
 
De ese modo, con respecto a la eliminación de las EPS “se requiere que el Estado garantice que la entidad que asuma dicha función y que cuente con las capacidades y experticia que han logrado desarrollar las EPS a lo largo de los últimos 30 años, en aspectos tales como: los sistemas de información y procesamiento de datos”, ha subrayado Acosta.
 
El objetivo se ha encaminado en “adelantar analíticas avanzadas (las EPS de ACEMI han invertido una cantidad importante de recursos financieros, tecnológicos y humanos en esto), que a su vez permitan llevar a cabo los millones de transacciones diarias que tiene el sector salud o las capacidades para la organización y contratación inteligente de redes de prestadores, gestores farmacéuticos, servicios de transporte, etc”, ha resaltado Acosta.
 
 

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