Edición Médica

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC); y Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
En menos de seis meses, las clínicas privadas de Montería dejarían de prestar servicios de salud a pacientes con cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, Neonatología y cuidados intensivos, debido a la crítica situación económica que enfrentan. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) adeudan más de 517.500 millones de pesos a ocho clínicas de la ciudad.
   
De concretarse el cierre de estas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas, cerca de 13.713 personas podrían perder sus empleos y 129.375 pacientes mensuales quedarían sin atención. Así lo ha advertido Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), en entrevista con EDICIÓN MÉDICA: “La situación que vive Montería en materia de salud es muy crítica y, lo más preocupante, es que no hay una solución por parte del Gobierno Nacional ni de la Superintendencia Nacional de Salud”.
   
Ante esta crisis, la ACSC ha expresado su solidaridad con la población de Montería y del departamento de Córdoba, haciendo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales, de control y políticas para que se tomen las medidas necesarias que garanticen el pago de las deudas de las EPS, tanto con las IPS privadas como públicas, y se asegure la continuidad de la atención en Salud. La Asociación también exigió el respeto y la protección de los derechos laborales del talento humano en salud.
 
“Mientras el Gobierno insiste en una reforma estructural del sistema, las deudas de las EPS con el sector hospitalario, tanto privado como público, continúan creciendo, al punto que se anuncian cierres como los que podrían afectar a las clínicas de Montería”, ha agregado Quintero.
 
Asimismo, el directivo ha recalcado que “desde la ACSC consideramos que, antes de debatir una reforma, es urgente aplicar de manera efectiva las leyes existentes, como la Ley Estatutaria de Salud de 2015, que garantizaría una atención médica universal, oportuna y de calidad. Además, el Gobierno debe actuar con urgencia frente a estas deudas”.
 
Fenalco advierte colapso inminente del sistema de Salud privado
 
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) capítulo Córdoba también se ha pronunciado sobre la situación, alertando sobre el posible colapso del sistema de Salud privado en Montería. “Esta es una radiografía cruda, dolorosa y matemáticamente sustentada de una tragedia anunciada, con la pérdida de por lo menos 13 mil empleos directos y cerca de 130 mil pacientes sin atención”, ha señalado en un comunicado.
 
Al respecto, Luis Martínez García, director ejecutivo de Fenalco, ha alertado que la crisis pondría en riesgo las 448 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles actualmente en la ciudad: “Exigimos el pago inmediato de las deudas por parte de las EPS y de los entes territoriales, así como la intervención de emergencia por parte del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud. Además, hacemos un llamado urgente a la Personería y la Defensoría del Pueblo”.
 
Martínez ha enfatizado que “esta no es una advertencia, es un grito de auxilio documentado. Si no actuamos ahora, en menos de 180 días Montería podría ser la primera capital de Colombia sin una red clínica privada funcional. Sería una tragedia sanitaria, social y económica sin precedentes. Hoy tenemos una última oportunidad para evitar el colapso. No podemos quedarnos en silencio”.
 
El gremio hospitalario propone soluciones
 
Frente a esta crisis, Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), reiteró la urgencia de implementar el Plan Extraordinario de Liquidez, propuesto por el gremio y enviado al Gobierno Nacional en seis comunicaciones dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social.
   
“Es indispensable que el Gobierno Nacional proteja a la institucionalidad prestadora de servicios de Salud, que como muestran los estudios de cartera, es la principal afectada por esta situación”, ha indicado.
 
Entre las propuestas clave se encuentra la creación de un Fondo de Garantía que permita saldar las acreencias y evite repetir escenarios de impago como en el pasado. “Para el gremio prestador de servicios de salud es vital que las EPS en intervención o vigilancia den ejemplo, no solo en el cumplimiento del flujo de recursos, sino también en la contratación adecuada, el incremento tarifario y el cumplimiento de la facturación electrónica”, ha concluido Giraldo.

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