El Ministerio de Salud y Protección Social ha puesto el foco en la
interferencia de la industria tabacalera y de industrias afines en las políticas públicas de salud, luego de que Colombia haya registrado en 2025 un puntaje de
80 sobre 100 en el índice de interferencia, ubicándose en el segundo lugar de la Región de las Américas, después de República Dominicana.
Ante este escenario, el país ha desarrollado el IV Seminario-Taller “
Gobernanza para proteger las políticas públicas de salud”, un encuentro orientado a fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación intersectorial para implementar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT).
La discusión ha adquirido particular relevancia por la necesidad de establecer mecanismos que permitan
identificar, prevenir y gestionar posibles conflictos de interés, así como estrategias de interferencia que puedan incidir en las decisiones públicas o dificultar la implementación de medidas dirigidas a disminuir el consumo de tabaco, sus derivados, sucedáneos e imitadores y la adicción a la nicotina.
Artículo 5.3 del Convenio Marco, en el centro de la discusión
Durante la jornada, la viceministra de Salud Pública encargada,
Diana Julieta Díaz Castellanos, ha hecho énfasis en la implementación del Artículo 5.3 del CMCT, disposición que compromete a los Estados Parte a proteger sus políticas de salud pública relacionadas con el
control del tabaco frente a los intereses comerciales y otros intereses particulares de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.
El seminario ha reunido a representantes nacionales e internacionales, entre ellos la representante de la OPS/OMS en Colombia,
Ana Rivière-Cinnamond; la directora del Instituto Nacional de Cancerología,
Carolina Wiesner Ceballos; la asesora regional de la OPS/OMS Diana Cerón; y
Laura Salgado, experta internacional del Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).
El encuentro ha buscado que las instituciones puedan reconocer las distintas formas mediante las cuales los intereses comerciales pueden entrar en tensión con los objetivos sanitarios y
desarrollar respuestas coordinadas para proteger los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas.
Colombia ha alcanzado 80 puntos en índice de interferencia
El dato presentado para Colombia ha situado la discusión más allá de la regulación del consumo. Con
80 puntos sobre 100, el país ha registrado en 2025 el segundo mayor índice de
interferencia de la industria tabacalera de la Región de las Américas.
De acuerdo con el
Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, Colombia
no dispone de leyes que limiten específicamente las
donaciones de la industria tabacalera a campañas políticas. El informe identifica, además, que el país no cuenta con un procedimiento formal y obligatorio para revelar las interacciones del Estado con la industria tabacalera.
Este indicador ha puesto sobre la mesa la necesidad de
fortalecer la gobernanza del control del tabaco.
Minsalud plantea protocolos para gestionar conflictos de interés
Uno de los principales resultados del encuentro ha sido la identificación de la necesidad de
desarrollar procedimientos y protocolos comunes para detectar y gestionar conflictos de interés dentro de las entidades del Estado, tanto en el nivel nacional como territorial.
La discusión también ha incorporado a las
sociedades científicas. Los participantes han planteado la conveniencia de involucrarlas en este proceso y de incorporar el análisis de potenciales conflictos de interés en los comités de ética.
A esto se ha sumado la propuesta de desarrollar
estrategias de difusión que permitan a funcionarios, equipos técnicos y demás actores reconocer situaciones que puedan
comprometer la independencia de las decisiones y conocer los mecanismos disponibles para gestionarlas.
Otro frente planteado ha sido la consolidación de
sistemas de monitoreo y vigilancia de la interferencia de la industria, acompañados del fortalecimiento de las capacidades de los equipos responsables de implementar las políticas de control del tabaco.
Control del tabaco sigue vinculado a la prevención de enfermedades no transmisibles
Minsalud ha reiterado que el consumo y la exposición al tabaco, sus derivados, sucedáneos e imitadores continúan representando una
prioridad sanitaria por su contribución a la carga de
enfermedades no transmisibles y otros efectos adversos sobre la salud.
La cartera ha señalado una preocupación particular por la exposición y el
consumo entre niños, niñas y adolescentes, en un escenario en el que las políticas públicas también deben responder a productos relacionados con la nicotina que trascienden el cigarrillo convencional.