El Ministerio de Salud y Protección Social ha reiterado la necesidad de
convertir la prevención del suicidio en detección temprana, atención oportuna y continuidad del cuidado, ante una problemática que ha mantenido una carga relevante para la salud pública colombiana. Durante 2026, con corte a la semana epidemiológica 35, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) ha registrado
26.412 casos de intento de suicidio, mientras que durante todo 2025 se han notificado preliminarmente 38.791 casos.
En mortalidad, las cifras preliminares de
2025 han reportado
2.823 muertes por suicidio, de las cuales
2.209 han correspondido a hombres y 614 a mujeres. La distribución ha mostrado que cerca de ocho de cada diez muertes se han presentado en población masculina, un comportamiento que, según la cartera sanitaria, exige intervenciones diferenciadas por sexo, edad, territorio y condiciones de vulnerabilidad.
Código Dorado busca reducir barreras ante una crisis suicida
Uno de los principales cambios en la respuesta institucional se ha producido con la expedición de la
Resolución 0347 de 2026, mediante la cual Minsalud ha establecido la
Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida y ha creado el Código Dorado de emergencias clínicas y comunitarias.
El mecanismo ha sido planteado para garantizar una respuesta inmediata, continua e integral frente a las personas con conducta suicida, así como
reducir las barreras que puedan retrasar el acceso a los servicios.
La estrategia también ha incorporado
seguimiento posterior a la crisis. Este componente resulta relevante debido a que la respuesta sanitaria no termina con la estabilización inicial, sino que requiere continuidad asistencial, articulación de las rutas y acceso a los servicios de salud mental.
“Una señal de riesgo no puede quedarse sin respuesta. El reto del país es que
las rutas funcionen, que la atención llegue a tiempo y que después de una crisis exista continuidad del cuidado”, ha señalado el Ministerio en su comunicado.
La cartera ha avanzado además en la implementación territorial del
Código Dorado y en el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias para responder ante situaciones de riesgo.
Salud mental también ha entrado en la respuesta posterior al terremoto
El llamado se ha producido un mes después del
terremoto registrado el 10 de agosto. Desde los primeros días de la emergencia, Minsalud ha activado una respuesta de
Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) y ha puesto en funcionamiento un Puesto de Mando Unificado de Salud Mental para coordinar las intervenciones en los territorios afectados.
Durante el primer mes posterior al desastre se han desarrollado acciones de
primeros auxilios psicológicos, atención psicosocial, teleorientación y acompañamiento a comunidades, familias y primeros respondientes.
La respuesta también ha incluido seguimiento a las
barreras de acceso a medicamentos, continuidad de tratamientos y atención especializada, aspectos especialmente relevantes ante el impacto que una emergencia de gran magnitud puede producir sobre las redes habituales de atención y apoyo social.
Prevención exige continuidad después de la crisis
El enfoque planteado por Minsalud ha situado la
continuidad asistencial como uno de los
componentes centrales de la prevención. Además de identificar señales de riesgo, la estrategia ha buscado garantizar que las personas puedan ingresar a las rutas y mantenerse vinculadas a la atención después de una crisis.
Esto implica que
EPS, IPS, entidades territoriales y equipos asistenciales deberán
articular la respuesta clínica con el seguimiento en salud mental y los mecanismos comunitarios disponibles.
La implementación del Código Dorado ha planteado un cambio relevante en el
abordaje de la conducta suicida: la respuesta debe abarcar desde la identificación del riesgo y la intervención inmediata hasta la continuidad del cuidado posterior.
Con más de 26.000 intentos notificados en las primeras 35 semanas epidemiológicas de 2026, el desafío se centra en lograr que la nueva estrategia se traduzca en
rutas efectivamente operativas en los territorios, con capacidad para reducir barreras y evitar que una persona identificada en riesgo pierda continuidad en su atención.