Edición Médica

Iván Duque, presidente de Colombia.

Redacción. Bogotá
La CoVID19 ha sido establecida oficialmente como enfermedad directa en la tabla de enfermedades laborales, a través del Decreto 676, expedido por el Ministerio del Trabajo el 19 de mayo de 2020.
 
La norma ha señalado que, los trabajadores que presenten alguna de las enfermedades laborales directas se les deberá reconocer a las prestaciones asistenciales y económicas como de origen laboral “desde el momento de su diagnóstico, sin que se requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad o dictamen de las juntas de calificación de invalidez”.
 
De igual forma, el decreto ha recalcado que “será considerada como una enfermedad directa la enfermedad CoVID19 virus identificado (…), la contraída por los trabajadores del sector de la Salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad”.

No obstante, la norma ha agregado que, para el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), “se requerirá la calificación como de origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez y de conformidad con la normatividad vigente”.
 
Por ello, las ARL deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o independientes, vinculadas por medio de un contrato de prestación de servicios del sector Salud.
 
Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsalud) ha manifestado que durante el término de la emergencia sanitaria “las ARL deberán contribuir con la financiación o la entrega de los elementos de protección personal de sus afiliados”, siempre y cuando estos correspondan a personal de Salud, incluyendo el personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnósticos y atención de CoVID19.

Por ende, una vez que estén vinculados, mediante un contrato de prestación de servicios, se aplicarán criterios de priorización de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo, “la administradora de riesgos laborales concertará con la entidad o empresa contratante la forma en la que se realizará la financiación y/o entrega correspondiente”, ha argumentado el decreto.
 
Convenios de los contratantes
 
El Ministerio del Trabajo también ha modificado el artículo del Decreto 1072 de 2015 sobre las obligaciones de las personas contratantes cuyos empleados estén expuestos a dichas enfermedades laborales directas, las cuales son:

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