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Salud Pública
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
PGN 2027 plantea retos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud
Mientras el PGN proyecta 634,95 billones, el sector analiza cómo las decisiones fiscales impactarán el aseguramiento
Lunes, 31 de agosto de 2026, a las 13:45
Miguel Gómez, ministro de Hacienda. |
Redacción. Bogotá
El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, recientemente reformulado y radicado ante el Congreso, plantea un presupuesto de 634,95 billones de pesos para la próxima vigencia fiscal. La iniciativa, disponible en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, contempla recursos destinados al funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública.
Para el sector salud, la discusión presupuestal adquiere una dimensión particular. Más allá del tamaño global del PGN, la atención se concentra en qué recursos estarán disponibles para financiar el aseguramiento y la prestación de servicios, cómo se garantizará su flujo y cuál será la capacidad institucional para vigilar el uso de los recursos públicos.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el proyecto busca proteger el gasto social y avanzar simultáneamente en la consolidación fiscal. En este escenario, la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) dependerá no solamente de las apropiaciones presupuestales, sino también de la articulación entre las fuentes de financiación, la ADRES, las EPS, las IPS y las entidades territoriales.
En este escenario, las asignaciones proyectadas para entidades como la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Hospital Militar Central permiten identificar algunas de las prioridades institucionales para la próxima vigencia.
Supersalud e Invima: mayor capacidad para vigilancia y control
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) registra en el proyecto ingresos por 514.007.931.659 de pesos, de los cuales 393.417.307.000 corresponden a ingresos corrientes y 120.590.624.659 a recursos de capital.
La asignación adquiere relevancia en un sistema que atraviesa una etapa de alta presión financiera y administrativa sobre las EPS y la red prestadora. La capacidad de inspección, vigilancia y control será determinante para monitorear el comportamiento de los recursos, la gestión de las entidades bajo medidas especiales y el cumplimiento de las obligaciones frente a los usuarios y prestadores.
El Invima registra un presupuesto total de 387.180.457.473 pesos, compuesto por 305.056 millones en ingresos corrientes y 82.124.457.473 en recursos de capital, de acuerdo con el proyecto citado.
La capacidad operativa de la autoridad sanitaria resulta estratégica para la disponibilidad de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias requeridas por la red de prestación.
En particular, la gestión de los procesos asociados con registros sanitarios, modificaciones y renovaciones constituye un componente relevante para el acceso oportuno a tecnologías. Los tiempos administrativos y la capacidad técnica para evaluar nuevos productos adquieren especial importancia en un mercado caracterizado por la incorporación permanente de innovaciones terapéuticas.
Por ello, la ejecución presupuestal del Invima deberá analizarse también desde su impacto sobre la capacidad regulatoria y sobre la oportunidad con la que el sistema puede incorporar tecnologías que demuestren condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficacia.
La capacidad de respuesta del INS
El Instituto Nacional de Salud figura con una asignación de 40.765.614.403 de pesos, de acuerdo con el proyecto presupuestal suministrado, incluidos 9.175.000.000 en ingresos corrientes y $1.590.614.403 en recursos de capital.
Los recursos estarán relacionados con las capacidades institucionales que soportan la vigilancia en salud pública, la investigación y la respuesta frente a riesgos epidemiológicos, además del fortalecimiento de capacidades de referencia y de la red nacional de laboratorios.
En un escenario posterior a la pandemia de COVID-19, la vigilancia de agentes infecciosos emergentes, la capacidad diagnóstica y el seguimiento de eventos de interés en salud pública mantienen un carácter estratégico para el país.
Hospital Militar Central concentra recursos para alta complejidad
Dentro de los establecimientos públicos vinculados al sector Defensa que participan en la prestación de servicios de salud, el Hospital Militar Central aparece con un presupuesto total de 667.243.000.000 de pesos. De este monto, 579.055.000.000 corresponden a ingresos corrientes y 88.188.000.000 a recursos de capital.
La dimensión de estos recursos refleja las necesidades operativas de una institución especializada en la prestación de servicios de alta complejidad para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, así como la necesidad de mantener capacidades de infraestructura, tecnología y talento humano especializado.
ADRES y UPC concentran el debate sobre sostenibilidad
Uno de los principales desafíos para 2027 será garantizar que los recursos destinados al aseguramiento sean consistentes con las obligaciones derivadas de la atención de la población afiliada.
En este escenario, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) constituye una variable determinante. Su suficiencia debe analizarse frente a la evolución de la demanda de servicios, la frecuencia de uso, el comportamiento epidemiológico, los costos de medicamentos y tecnologías sanitarias y las demás variables que inciden sobre el gasto en salud.
A esto se suma la presión financiera derivada de las tecnologías y servicios que no se financian con la UPC y de las obligaciones acumuladas entre los diferentes agentes del sistema.
Por tanto, un mayor presupuesto nacional no equivale automáticamente a una mayor liquidez para hospitales y clínicas. El resultado dependerá de la programación, asignación, giro, reconocimiento y ejecución efectiva de los recursos correspondientes.
El flujo de recursos hacia las IPS seguirá siendo un indicador crítico
Para hospitales y clínicas, el debate presupuestal tendrá una expresión concreta en el flujo de caja y el pago oportuno de las obligaciones por servicios de salud.
La existencia de recursos presupuestados no garantiza por sí misma que estos lleguen de manera oportuna a la red prestadora. La ejecución, los mecanismos de giro, el reconocimiento de obligaciones y la gestión financiera de los diferentes actores determinarán el impacto real sobre la liquidez de las IPS.
Ejecución presupuestal será determinante en 2027
El proyecto de PGN plantea recursos para las instituciones responsables de la vigilancia sanitaria, el control del aseguramiento, la vigilancia epidemiológica y la prestación de servicios especializados. Sin embargo, el resultado de estas apropiaciones dependerá de su ejecución efectiva.
Para 2027, la discusión fiscal del sector deberá abordar simultáneamente la suficiencia de la UPC, el saneamiento de pasivos, el flujo oportuno hacia las IPS y la capacidad de las entidades estatales para ejercer sus funciones regulatorias y de vigilancia.
La prueba para el Gobierno Nacional y para los actores del sistema será convertir las apropiaciones presupuestales en capacidad efectiva de atención, vigilancia y gestión financiera. En un sistema sometido a fuertes presiones de gasto y liquidez, el tamaño del presupuesto será solo uno de los indicadores que deberán observar médicos, gestores, EPS, IPS y organismos de control: la ejecución y el impacto real de los recursos sobre la prestación de servicios serán determinantes para evaluar la sostenibilidad del sistema durante la vigencia 2027.
Para el sector salud, la discusión presupuestal adquiere una dimensión particular. Más allá del tamaño global del PGN, la atención se concentra en qué recursos estarán disponibles para financiar el aseguramiento y la prestación de servicios, cómo se garantizará su flujo y cuál será la capacidad institucional para vigilar el uso de los recursos públicos.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el proyecto busca proteger el gasto social y avanzar simultáneamente en la consolidación fiscal. En este escenario, la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) dependerá no solamente de las apropiaciones presupuestales, sino también de la articulación entre las fuentes de financiación, la ADRES, las EPS, las IPS y las entidades territoriales.
En este escenario, las asignaciones proyectadas para entidades como la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Hospital Militar Central permiten identificar algunas de las prioridades institucionales para la próxima vigencia.
Supersalud e Invima: mayor capacidad para vigilancia y control
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) registra en el proyecto ingresos por 514.007.931.659 de pesos, de los cuales 393.417.307.000 corresponden a ingresos corrientes y 120.590.624.659 a recursos de capital.
La asignación adquiere relevancia en un sistema que atraviesa una etapa de alta presión financiera y administrativa sobre las EPS y la red prestadora. La capacidad de inspección, vigilancia y control será determinante para monitorear el comportamiento de los recursos, la gestión de las entidades bajo medidas especiales y el cumplimiento de las obligaciones frente a los usuarios y prestadores.
El Invima registra un presupuesto total de 387.180.457.473 pesos, compuesto por 305.056 millones en ingresos corrientes y 82.124.457.473 en recursos de capital, de acuerdo con el proyecto citado.
La capacidad operativa de la autoridad sanitaria resulta estratégica para la disponibilidad de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos y otras tecnologías sanitarias requeridas por la red de prestación.
En particular, la gestión de los procesos asociados con registros sanitarios, modificaciones y renovaciones constituye un componente relevante para el acceso oportuno a tecnologías. Los tiempos administrativos y la capacidad técnica para evaluar nuevos productos adquieren especial importancia en un mercado caracterizado por la incorporación permanente de innovaciones terapéuticas.
Por ello, la ejecución presupuestal del Invima deberá analizarse también desde su impacto sobre la capacidad regulatoria y sobre la oportunidad con la que el sistema puede incorporar tecnologías que demuestren condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficacia.
La capacidad de respuesta del INS
El Instituto Nacional de Salud figura con una asignación de 40.765.614.403 de pesos, de acuerdo con el proyecto presupuestal suministrado, incluidos 9.175.000.000 en ingresos corrientes y $1.590.614.403 en recursos de capital.
Los recursos estarán relacionados con las capacidades institucionales que soportan la vigilancia en salud pública, la investigación y la respuesta frente a riesgos epidemiológicos, además del fortalecimiento de capacidades de referencia y de la red nacional de laboratorios.
En un escenario posterior a la pandemia de COVID-19, la vigilancia de agentes infecciosos emergentes, la capacidad diagnóstica y el seguimiento de eventos de interés en salud pública mantienen un carácter estratégico para el país.
Hospital Militar Central concentra recursos para alta complejidad
Dentro de los establecimientos públicos vinculados al sector Defensa que participan en la prestación de servicios de salud, el Hospital Militar Central aparece con un presupuesto total de 667.243.000.000 de pesos. De este monto, 579.055.000.000 corresponden a ingresos corrientes y 88.188.000.000 a recursos de capital.
La dimensión de estos recursos refleja las necesidades operativas de una institución especializada en la prestación de servicios de alta complejidad para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, así como la necesidad de mantener capacidades de infraestructura, tecnología y talento humano especializado.
ADRES y UPC concentran el debate sobre sostenibilidad
Uno de los principales desafíos para 2027 será garantizar que los recursos destinados al aseguramiento sean consistentes con las obligaciones derivadas de la atención de la población afiliada.
En este escenario, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) constituye una variable determinante. Su suficiencia debe analizarse frente a la evolución de la demanda de servicios, la frecuencia de uso, el comportamiento epidemiológico, los costos de medicamentos y tecnologías sanitarias y las demás variables que inciden sobre el gasto en salud.
A esto se suma la presión financiera derivada de las tecnologías y servicios que no se financian con la UPC y de las obligaciones acumuladas entre los diferentes agentes del sistema.
Por tanto, un mayor presupuesto nacional no equivale automáticamente a una mayor liquidez para hospitales y clínicas. El resultado dependerá de la programación, asignación, giro, reconocimiento y ejecución efectiva de los recursos correspondientes.
El flujo de recursos hacia las IPS seguirá siendo un indicador crítico
Para hospitales y clínicas, el debate presupuestal tendrá una expresión concreta en el flujo de caja y el pago oportuno de las obligaciones por servicios de salud.
La existencia de recursos presupuestados no garantiza por sí misma que estos lleguen de manera oportuna a la red prestadora. La ejecución, los mecanismos de giro, el reconocimiento de obligaciones y la gestión financiera de los diferentes actores determinarán el impacto real sobre la liquidez de las IPS.
Ejecución presupuestal será determinante en 2027
El proyecto de PGN plantea recursos para las instituciones responsables de la vigilancia sanitaria, el control del aseguramiento, la vigilancia epidemiológica y la prestación de servicios especializados. Sin embargo, el resultado de estas apropiaciones dependerá de su ejecución efectiva.
Para 2027, la discusión fiscal del sector deberá abordar simultáneamente la suficiencia de la UPC, el saneamiento de pasivos, el flujo oportuno hacia las IPS y la capacidad de las entidades estatales para ejercer sus funciones regulatorias y de vigilancia.
La prueba para el Gobierno Nacional y para los actores del sistema será convertir las apropiaciones presupuestales en capacidad efectiva de atención, vigilancia y gestión financiera. En un sistema sometido a fuertes presiones de gasto y liquidez, el tamaño del presupuesto será solo uno de los indicadores que deberán observar médicos, gestores, EPS, IPS y organismos de control: la ejecución y el impacto real de los recursos sobre la prestación de servicios serán determinantes para evaluar la sostenibilidad del sistema durante la vigencia 2027.
El dato
El proyecto continúa ahora su trámite en el Congreso, donde las asignaciones podrán ser modificadas antes de convertirse en la ley que definirá el marco presupuestal de Colombia para 2027.
El Presupuesto de la verdad, que radicamos hoy, no crea cargos. Es uno de “errores” del presupuesto Petro, que ni siquiera contó bien el número de funcionarios: reportaron 99.001 cargos cuando son 107.927. Imagínense el resto. Sinceramos las cuentas y hablamos con la verdad. pic.twitter.com/iNKju6dRSF
— Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) August 27, 2026
