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Salud Pública
SIN ACCESO A TRATAMIENTOS
Defensoría alerta sobre crisis en entrega de medicamentos: cuatro EPS concentran el 70% de los casos reportados
La entidad ha advertido que entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes no reciben sus medicamentos o solo obtienen entregas parciales
Jueves, 14 de agosto de 2025, a las 13:15
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha dado a conocer el panorama crítico en el acceso a tratamientos. |
Redacción. Bogotá
Un reciente balance nacional del Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento a la entrega de medicamentos, liderado por la Defensoría del Pueblo, ha revelado un panorama crítico en el acceso a tratamientos para pacientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Según ha indicado el estudio, basado en encuestas aplicadas entre el 10 de abril y la fecha a 2.010 usuarios en todo el país, el 40 por ciento de quienes reportaron la no entrega de medicamentos estaban afiliados a la Nueva EPS, seguidos por Sanitas (15 por ciento), Salud Total (10 por ciento) y Cajacopi (5 por ciento). Estas cuatro entidades concentran el 70 por ciento de los casos registrados.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha advertido que entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes no reciben sus medicamentos o solo obtienen entregas parciales. “Muchos deben comprarlos poco a poco en droguerías de barrio, a precios más altos. Esto se agrava por las desigualdades socioeconómicas y territoriales, que limitan aún más el acceso en zonas rurales o comunidades étnicas”, ha afirmado.
Medicamentos más afectados y consecuencias clínicas
El déficit de suministro incluye fármacos de alto uso en patologías crónicas y prioritarias como diabetes, salud mental y enfermedades cardiovasculares. Entre los más reportados: losartán, acetaminofén, metformina, valsartán, empagliflozina, levotiroxina, atorvastatina, vitaminas, rosuvastatina y amlodipino.
El 56 por ciento de los encuestados dijo que optaría por comprarlos de forma particular; el 13 por ciento reduciría la dosis; y el 18 por ciento esperaría la entrega o suspendería el tratamiento. Estas decisiones, según ha resaltado el informe, derivan en descompensaciones clínicas, agravamiento de patologías, mayor litigiosidad, sobrecarga hospitalaria, impacto económico sobre los hogares y pérdida de confianza en el sistema.
Coordinación institucional y compromisos
La Defensoría ha trabajado de forma articulada con la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES y autoridades locales, contando con el apoyo de veedurías, personerías y organizaciones sociales.
En el más reciente encuentro en Bogotá, se establecieron siete compromisos clave:
-Vinculación de la Fiduprevisora a mesas interinstitucionales en los territorios.
-Atención prioritaria a solicitudes y quejas de veteranos de las Fuerzas Militares.
-Citación de entes de control como observadores en negociaciones entre EPS y gestores farmacéuticos.
-Monitoreo especial en zonas de difícil acceso.
-Seguimiento a Famisanar para reducir pendientes en cambios de gestores farmacéuticos del 50 al 10 por ciento en un mes.
-Supervisión a Cajacopi en su gestión en el norte del país.
-Seguimiento específico a las EPS indígenas (EPSI).
-Atención prioritaria a solicitudes y quejas de veteranos de las Fuerzas Militares.
-Citación de entes de control como observadores en negociaciones entre EPS y gestores farmacéuticos.
-Monitoreo especial en zonas de difícil acceso.
-Seguimiento a Famisanar para reducir pendientes en cambios de gestores farmacéuticos del 50 al 10 por ciento en un mes.
-Supervisión a Cajacopi en su gestión en el norte del país.
-Seguimiento específico a las EPS indígenas (EPSI).
La Defensora Marín Ortiz ha enfatizado la necesidad de “ir un paso más allá en la construcción de soluciones reales, que permitan que el esfuerzo institucional se traduzca en acciones efectivas para proteger la dignidad humana”.
