CRISIS FINANCIERA
Discrepancias en cifras de deuda del sistema de salud: ACEMI desmiente estimación del Gobierno y exige diálogo técnico
La asociación pide datos técnicos y advierte que el déficit empeorará si no se ajusta la UPC
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).
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Melba Lucía Murillo. Bogotá
Al abordar las deudas reales que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), laboratorios y gestores farmacéuticos, diversas
cifras han generado controversia. Mientras el presidente
Gustavo Petro afirmó en su más reciente alocución que la cartera sin pagar asciende a
100 billones de pesos, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) sostiene que la cifra es considerablemente menor:
14 billones de pesos.
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA,
Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, ha asegurado que “la cifra dada por el presidente Petro
no tiene soporte técnico. Los estados financieros de las EPS reflejan una deuda de 14 billones, y otros 10 billones que están aún en proceso de auditoría. Estas cifras
no incluyen la deuda de la Nueva EPS, entidad que no ha presentado estados financieros correspondientes a 2023 y 2024. Según el Gobierno, la deuda de esta entidad asciende a al menos 9 billones de pesos”.
Vesga ha agrega que, al sumar estas tres cifras, se obtiene un monto cercano al presentado recientemente por la Contraloría General de la República: 32,9 billones de pesos. “Los datos oficiales son los reportados por las EPS, las IPS y los proveedores a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que ejerce la vigilancia y control del sistema”, ha puntualizado.
Llamado a un diálogo técnico y responsable
La presidenta de ACEMI ha manifestado su preocupación por el manejo del debate público en torno a las finanzas del sistema: “El sistema de salud requiere soluciones concretas, un diálogo tranquilo y, sobre todo, técnico y soportado. Las declaraciones del presidente inquietan, no solo por el desconocimiento de los avances del sistema en los últimos 30 años, sino porque
se basan en cifras no verificadas que no coinciden con la información entregada por las EPS a la Supersalud y a la misma Contraloría”.
Frente a este panorama, Vesga ha hecho un llamado directo al Gobierno Nacional: “Es importante insistir en la necesidad del diálogo técnico en la búsqueda de soluciones concretas.
Los pacientes requieren menos confrontaciones, menos acusaciones y menos agresividad. Hay que buscar soluciones y rápidas, las cuales están en manos del Gobierno Nacional y para analizarlas estamos dispuestos al diálogo, porque no podemos seguir utilizando adjetivos y menos incendiar la conversación. Ya se le ha hecho mucho daño a la confianza del sistema de salud.
Otro punto crítico señalado por ACEMI es la
falta de actualización en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a pesar de que la Corte Constitucional ordenó su revisión: “Mientras no se reconozca que hay insuficiencia financiera en el sistema y no se ajuste la UPC conforme a las necesidades reales, el déficit seguirá creciendo y la crisis empeorará”, ha advertido Vesga.
La posición del Gobierno
Durante su alocución, el presidente Petro ha reiterado que la deuda de las 2
9 EPS supera los 100 billones de pesos, cifra que, según explicó, corresponde a una deuda acumulada y actualizada a pesos constantes, superando ampliamente la estimación de la Contraloría General.
Asimismo, denunció que entre
2020 y 2024 se han
acumulado 15,79 billones de pesos sin trazabilidad. Según el mandatario, la Contraloría ha iniciado desde 2022 un total de 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de 11 billones de pesos, lo que, a su juicio, demuestra una captura sistemática e indebida de los recursos de la Salud.
El dato
Tras el
ajuste del valor de la UPC en un 5,36 por ciento, la Corte Constitucional, mediante el Auto 007 del 23 de enero de 2025, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social conformar una mesa de trabajo técnica. El objetivo: generar insumos basados en evidencia para determinar la suficiencia de la UPC, en un contexto donde la sostenibilidad financiera del sistema está en entredicho.