Edición Médica

Herman Bayona, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Redacción. Bogotá
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Sumimedical S.A.S. por presuntas irregularidades en la prestación de servicios de salud y en la operación tecnológica del modelo del magisterio, que habrían impactado la atención de más de 830 mil afiliados.
 
La acción fue radicada por el vicepresidente del Fondo, Herman Bayona, en medio de un contexto de creciente inconformidad por parte del cuerpo docente frente a fallas en la prestación de servicios y la implementación del nuevo esquema definido en el Acuerdo 03 de 2024.
 
Fallas simultáneas en atención médica y operación tecnológica
 
De acuerdo con la denuncia, uno de los episodios más críticos ocurrió entre el 26 y el 27 de febrero de 2026, cuando se habría producido la cancelación unilateral de al menos 90 servicios de salud especializados, así como el traslado de pacientes hospitalizados sin condiciones claras de continuidad asistencial.
 
Según ha precisado el documento, estas decisiones comprometieron tratamientos en curso, incluyendo pacientes oncológicos y adultos mayores, en un escenario que coincidió con un paro de docentes en Antioquia motivado por deficiencias en la atención.
 
En paralelo, se ha reportado la suspensión y degradación de la plataforma tecnológica HORUS, utilizada para la gestión del sistema, lo que habría afectado procesos críticos como la asignación de prestadores, la auditoría de cuentas médicas y la trazabilidad de la información clínica y administrativa.
 
Riesgos en la continuidad del cuidado y en la calidad de los datos
 
El Fondo también ha alertado sobre modificaciones en la asignación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) sin autorización de los afiliados ni validación institucional. Estas alteraciones, presuntamente originadas durante procesos de cargue de datos administrados por Sumimedical, habrían impactado el acceso efectivo a los servicios y la organización de la red de atención.
 
Ante estos hallazgos, FOMAG decidió suspender la emisión de avales de pago, con el fin de evitar posibles reconocimientos indebidos de recursos públicos.
 
Impacto financiero y alertas sobre uso de recursos
 
La denuncia también incluye cuestionamientos sobre la liquidación de obligaciones económicas en el modelo anterior de atención en regiones como Antioquia y Chocó. Según el Fondo, se habría reconocido un pago de 23 mil millones de pesos, al que posteriormente se habrían sumado intereses que elevaron la cifra hasta 127 mil millones, sin la autorización de instancias directivas clave.
 
Estos hechos, de confirmarse, podrían tener implicaciones significativas en la sostenibilidad financiera del modelo y en la gestión de recursos del sistema de salud del magisterio.
 
El caso expone riesgos estructurales en la articulación entre prestación de servicios, soporte tecnológico y gestión administrativa. La interrupción de servicios, los cambios no autorizados de IPS y las fallas en sistemas de información pueden traducirse en discontinuidad terapéutica, mayor carga operativa y riesgos clínicos para los pacientes.
 
El proceso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si las conductas denunciadas constituyen irregularidades con implicaciones penales. Entretanto, el caso reabre el debate sobre la gobernanza del modelo de salud del magisterio y la necesidad de garantizar estabilidad operativa, transparencia y calidad en la atención de esta población.
 

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