Edición Médica

Redacción. Bogotá 
La red pública hospitalaria más grande del país enfrenta su peor crisis financiera en los últimos años según una comunicación oficial de la Secretaría Distrital de Salud al Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.

El documento publicado en la cuenta de X del Secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, ha revelado que la cartera que las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) mantienen con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá creció un 142 por ciento entre 2023 y abril de 2026, pasando de 172.475 millones de pesos a 417.189 millones de pesos.

La situación de nuestras subredes de salud en @Bogota, se torna cada día más compleja por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas. A 30 de Abril la deuda suma 417 mil millones de pesos.
Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30%… pic.twitter.com/GaY5hIEtjf

— Gerson Bermont (@Gerson_bermont) June 24, 2026

El documento ha expuesto que el origen del problema no solo es el crecimiento de la deuda, sino la incapacidad de varias EPS, muchas de ellas bajo intervención forzosa o vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, para honrar los acuerdos de pago suscritos en las mesas de concertación.

El informe de cartera desglosado por pagador evidencia un comportamiento alarmante en tres administradoras en particular. Nueva EPS encabeza la lista con un incremento del 282 por ciento en su deuda, al pasar de 38.353 millones de pesos en 2023 a 146.323 millones de pesos en abril de 2026. Le sigue Famisanar, con un alza del 111 por ciento (de 54.641 a 115.332 millones de pesos), y Proteger EPS, con un 161 por ciento (de 18.403 a 48.054 millones de pesos).

Otras EPS como Capresoca (116 por ciento de incremento) y Coosalud (84 por ciento) también registraron aumentos significativos, mientras que, en el extremo opuesto, SOS y Emssanar presentaron crecimientos marginales del 6 por ciento y 11 por ciento, respectivamente, lo que revela una conducta dispar pero generalizada de deterioro en la oportunidad de pago.

"La información evidencia un crecimiento sostenido y acelerado de la cartera entre 2023 y abril de 2026, con un incremento total del 142 por ciento, lo que refleja un deterioro progresivo en la oportunidad de pago por parte de estas EPS", ha señalado el documento remitido por el despacho de la Secretaría Distrital de Salud.

Mesas de concertación sin resultados concretos

La gravedad del asunto se profundiza al constatar que, pese a las mesas de concertación adelantadas en mayo de 2026 por la Superintendencia Nacional de Salud, un número significativo de EAPB no suscribió acuerdos de pago en su totalidad con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. La lista de incumplidas incluye a Aliansalud, Asmetsalud, Capital Salud, Compensar, Coosalud, Emssanar, SOS, Famisanar, Mallamas, Mutualser, Nueva EPS, Pijaos, Proteger EPS, Salud Total, Sanitas, Savia Salud y Sura.

"Esta situación limita el avance de la red pública hospitalaria", ha advertido el informe, en un tono que deja entrever la frustración de las autoridades distritales ante la falta de resultados concretos de unos mecanismos que fueron diseñados precisamente para destrabar la crisis de liquidez del sistema.

Según la comunicación oficial, el impacto de la situación trasciende los balances contables y golpea de lleno la prestación del servicio. El incremento de la cartera genera implicaciones directas sobre la liquidez de las Subredes, afectando su operación diaria, el pago del talento humano y de proveedores, así como la reposición de insumos y tecnología.

"En consecuencia, se incrementa el riesgo de afectación en la continuidad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud, especialmente en áreas críticas como urgencias y la atención de mediana y alta complejidad", detalla el documento

El círculo vicioso no termina ahí. Las dificultades financieras de las EAPB, explica la Secretaría, inciden no solo en la capacidad de respuesta de la red pública hospitalaria, sino que también "conlleva a cierres de servicios de IPS privadas, demoras en los procesos de referencia y contrarreferencia".

Esto significa que los pacientes que requieren ser remitidos entre instituciones, desde un centro de baja complejidad hasta un hospital de alta especialización, enfrentan trabas burocráticas y financieras que ponen en riesgo su atención oportuna.

Un presupuesto que se construye sobre arena

Uno de los aspectos más técnicos pero reveladores del informe tiene que ver con la forma en que se financia el sistema. La Ley 1797 de 2016, modificada por el artículo 128 de la Ley 1940 de 2018, establece que las adiciones presupuestales de las Subredes se realizan con base en el recaudo real. En otras palabras: si las EPS no pagan, no hay cómo ampliar el presupuesto.

"Esta situación impacta el presupuesto de las Subredes, teniendo en cuenta que las adiciones se pueden hacer sobre la base de recaudo real, impidiendo con ello dar continuidad al normal funcionamiento de la Entidad, y por ende, poniendo en riesgo la atención en salud de los usuarios", concluye la comunicación.