Edición Médica

Redacción. Bogotá  

Por primera vez desde la pandemia de 2020, la salud ha desplazado a la corrupción como la mayor preocupación nacional. Así lo ha revelado el primer estudio de percepción ciudadana sobre el sistema de salud colombiano, diseñado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y operado por Eureka Group, cuyos resultados han sido presentados.

La investigación, que encuestó presencialmente a 1.560 ciudadanos en 47 municipios del país entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, ha arrojado una radiografía de un sistema de Salud con un marcado y creciente deterioro que golpea con mayor fuerza a los afiliados de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

Según los resultados de la investigación, un 26,1 por ciento de los colombianos señala la salud como el problema más grave del país, seguida de la corrupción (19,8 por ciento). Muy por detrás aparecen la delincuencia (7,6 por ciento), el conflicto armado (6,4 por ciento) y el desempleo (4,2 por ciento). "No se veía este nivel desde la pandemia de 2020", ha señalado el informe.

Las marcadas diferencias entre EPS intervenidas y no intervenidas

La encuesta ha identificado una brecha entre los dos tipos de aseguradoras. Mientras que el 49,5 por ciento de los afiliados a EPS no intervenidas afirma haber recibido el servicio que necesitaba sin dificultades, en las intervenidas esa cifra cae al 33 por ciento. En el extremo opuesto, el 18,7 por ciento de los usuarios de EPS intervenidas directamente no recibió la atención requerida, frente al 12,7 por ciento de las no intervenidas.

El acceso a medicamentos es quizás el indicador más alarmante. Apenas un 25,3 por ciento de los colombianos afiliados a EPS intervenidas reporta haber recibido todos sus medicamentos a través de su aseguradora. En contraste, en las no intervenidas esa proporción alcanza el 43,5 por ciento. Peor aún, un 17,1 por ciento de los usuarios de intervenidas terminó pagando sus medicamentos de su propio bolsillo, el doble del 8,5 por ciento registrado en las no intervenidas.

"La tasa de negación de servicios en las EPS intervenidas duplica los casos en las no intervenidas", ha advertido el estudio. En números concretos, al 20,6 por ciento de los afiliados a EPS intervenidas le negaron alguna vez un servicio de salud que necesitaba, frente al 10,5 por ciento de las no intervenidas.

El gasto de bolsillo también castiga más a los usuarios de las intervenidas, donde un 38,5 por ciento confirmó haber tenido que pagar dinero de su cuenta para acceder a atención médica, mientras que en las no intervenidas la cifra es del 22,2 por ciento. Tres de cada diez colombianos en total reportan haber realizado pagos directos, y cerca del 22 por ciento de la población gasta más de 500.000 pesos al mes de su bolsillo para financiar sus servicios de salud.

¿Qué piden los usuarios?

Frente al debate político sobre el futuro del sistema, la encuesta ha introducido un matiz que contradice los extremos del espectro. Un 43,6 por ciento de los colombianos está de acuerdo con la reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno, pero apenas un 30,4 por ciento apoya la desaparición de las EPS. Siete de cada diez colombianos quieren que las EPS continúen.

La preferencia ciudadana se inclina por un modelo mixto. A la hora de elegir el tipo de institución para su atención, el 37 por ciento prefiere instituciones privadas y solo el 20,8 por ciento se decanta por las públicas. Además, un 57,6 por ciento considera que tanto el Estado como el sector privado deberían compartir la responsabilidad en garantizar la atención en salud, y un 69 por ciento considera importante la participación del sector privado en la administración del sistema.

"La evidencia muestra un sistema deteriorado y un paciente que pide mejoras, no demolición. Los colombianos prefieren un sistema mixto y bien regulado. No piden estatización ni privatización total: piden que funcione", ha concluido el estudio.