Edición Médica

Lina María Gonzales, investigadora y líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Hace cinco años Colombia implementó el Certificado de Discapacidad, el cual no ha sido visible, ni accesible para los 4 millones de personas que actualmente presentan alguna discapacidad. Además, sólo 450 mil habitantes con impedimentos físicos tienen este documento, según ha dado a conocer la investigación desarrollada por la Fundación Saldarriaga Concha.
   
A esta realidad se suma la poca información sobre los beneficios que trae este certificado; en transporte, educación, Salud y acceso a subsidios que otorga el Gobierno Nacional. Al respecto, Lina María Gonzales, investigadora y líder de Salud y Bienestar de la entidad, ha asegurado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que, “uno de los problemas evidenciados es que los profesionales de la salud no conocen con certeza el proceso de certificación ni tienen claridad sobre el alcance que tiene el Certificado de Discapacidad y sus beneficios”.
 
La investigadora ha resaltado que los profesores de la Salud son quienes proporcionan los lineamientos para que las personas con discapacidad obtengan este documento. La valoración clínica es llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de salud para identificar las deficiencias corporales, psicológicas, limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona. Valoración que debe quedar en la historia clínica.
 
La profesional en salud también se refirió a otro obstáculo: el mal direccionamiento que reciben las personas con discapacidad al intentar acceder al proceso de certificación. “Las hacen ir de un lado a otro sin orientarlas adecuadamente hacia la entidad que realmente podría brindarles una solución. Esta es una información que todos los profesionales de la salud deberían conocer, para poder ofrecer la orientación correcta y comprender la importancia que tiene el Certificado de Discapacidad para esta población”, aseguró.
 
Otro problema que la investigadora ha destacado es la alta rotación del personal en las entidades encargadas del proceso, lo que impide que este avance de manera normal y eficiente, quedando muchas veces atrapado en trámites burocráticos. A esto se suma la falta de conectividad en zonas rurales y apartadas, lo que dificulta el acceso a centros de certificación o a modelos de atención por telemedicina, esenciales para lograr un diagnóstico y una valoración multidisciplinaria.
 
Frente a esta situación y la baja proporción de personas certificadas, Gonzales ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a los entes territoriales, recordando que el Certificado de Discapacidad fue creado para mejorar la calidad de vida de esta población. “Una de las acciones prioritarias es socializar los beneficios que pueden recibir las personas con discapacidad al contar con este documento”, indicó.
 
En este esfuerzo, entidades como Gestarsalud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y la Sociedad Colombiana de Médicos han estado trabajando en la búsqueda de mecanismos que faciliten el acceso a los servicios, haciendo el proceso de certificación más visible, ágil y comprensible para quienes lo necesitan.
 
El dato

La Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud establece las disposiciones sobre la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. En Colombia, se estima que alrededor del 7,1 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Ante las limitadas oportunidades para esta población, la Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre los desafíos persistentes para garantizar su inclusión real. Señala que el acceso a la educación superior es restringido y que la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público sigue siendo baja.

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