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Salud Pública
DEBATE LEGISLATIVO
Gobierno cuestiona impacto de la ponencia alternativa en la red hospitalaria pública y en los trabajadores de la Salud
La cartera de Salud ha cuestionado la viabilidad de la nueva ponencia, advirtiendo sobre posibles retrocesos
Viernes, 26 de septiembre de 2025, a las 11:51
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. |
Redacción. Bogotá
La discusión sobre la Reforma a la Salud en Colombia ha sumado un nuevo capítulo con la radicación de la ponencia alternativa del Proyecto de Ley 410 de 2025 en el Senado y 312 de 2024 en la Cámara. La propuesta, presentada por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, plantea un giro estructural en el sistema sanitario: el Estado asumiría el aseguramiento financiero, las Gestoras de Salud y Vida reemplazarían a las EPS en la gestión del riesgo, la Atención Primaria en Salud (APS) sería el eje del modelo y los hospitales públicos se consolidarían como columna vertebral de las redes integradas.
Le puede interesar: La cartera de Salud ha cuestionado la viabilidad de la nueva ponencia, advirtiendo sobre posibles retrocesos.
El documento perfila un sistema con mayor responsabilidad estatal, territorialización de los servicios, fortalecimiento de la red pública y participación ciudadana con enfoque diferencial. Sin embargo, su alcance ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, incluido el Ministerio de Salud y Protección Social, que advierte sobre posibles retrocesos en la garantía del derecho fundamental a la Salud.
Principales reparos del Ministerio
De acuerdo con la cartera de Salud, la ponencia mantiene la intermediación financiera de las EPS pese a las evidencias de insolvencia, deudas con prestadores y deficiencias en la gestión de recursos. Entre los puntos críticos señalados se encuentran:
-Consejo Nacional de Salud con funciones decisorias: sustituiría competencias constitucionales propias del Ministerio en temas como UPC, plan de beneficios y tecnologías.
-Financiamiento de patrimonio privado con recursos públicos: la UPC pasaría a cubrir costos operativos y patrimoniales de actores privados, lo que podría desviar su naturaleza de garantía de servicios en salud.
-Validación internacional del cálculo de la UPC: quedaría en manos de una universidad extranjera, lo que genera inquietudes sobre soberanía técnica.
-Rescate financiero de EPS insolventes: con recursos públicos por más de 60 billones de pesos durante los próximos cinco años.
-Riesgos para la red pública: eliminación de la cuenta de fortalecimiento hospitalario y ausencia de pago directo a hospitales y clínicas, lo que comprometería la sostenibilidad del sector.
-Afectaciones a la fuerza laboral en salud: desconocimiento del régimen especial de formalización laboral y de los derechos de los trabajadores.
-Impacto en poblaciones vulnerables: eliminación del subsidio de maternidad para mujeres no cotizantes, que beneficiaba a más de 300.000 madres en situación de vulnerabilidad.
-Financiamiento de patrimonio privado con recursos públicos: la UPC pasaría a cubrir costos operativos y patrimoniales de actores privados, lo que podría desviar su naturaleza de garantía de servicios en salud.
-Validación internacional del cálculo de la UPC: quedaría en manos de una universidad extranjera, lo que genera inquietudes sobre soberanía técnica.
-Rescate financiero de EPS insolventes: con recursos públicos por más de 60 billones de pesos durante los próximos cinco años.
-Riesgos para la red pública: eliminación de la cuenta de fortalecimiento hospitalario y ausencia de pago directo a hospitales y clínicas, lo que comprometería la sostenibilidad del sector.
-Afectaciones a la fuerza laboral en salud: desconocimiento del régimen especial de formalización laboral y de los derechos de los trabajadores.
-Impacto en poblaciones vulnerables: eliminación del subsidio de maternidad para mujeres no cotizantes, que beneficiaba a más de 300.000 madres en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Salud ha concluido que la ponencia alternativa traslada mayores cargas fiscales al Estado, perpetúa privilegios para las EPS y debilita la Atención Primaria en Salud, contrariando la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Ley 1438 de 2011.
“El Gobierno seguirá insistiendo en una reforma que ponga en el centro la vida de las personas, que asegure un uso transparente y eficiente de los recursos y que materialice el derecho fundamental a la Salud”, ha indicado la entidad en su pronunciamiento oficial.
La discusión legislativa apenas comienza. Lo que está en juego no es únicamente la aprobación de un articulado, sino la definición del modelo de salud que regirá en el país en los próximos años.
