Edición Médica

Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO).

Karen Juliete Rojas. Bogotá
 Desde hace unas semanas pediatras, ginecólogos y agremiaciones médicas han advertido sobre el cierre masivo de camas hospitalarias maternas e infantiles que está poniendo en riesgo la atención a esa población.
 
El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ha indicado que en la capital de Antioquia hay 16 salas de partos y 72 camas para atender los cerca de 1.700 partos mensuales que hay en promedio en Medellín.
 
Con respecto a esa situación que afecta la Salud pública en ese departamento, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación antioqueña de Ginecología y Obstetricia (ASAGIO), ha dado un panorama de las complicaciones que trae esta problemática para la población y para el personal médico.
 
“La mortalidad materna e infantil es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en este momento en Colombia tiene unas cifras elevadas, además a medida que se deterioran esos servicios de salud nos vamos alejando de ese objetivo que es prevenir que las mujeres en estado de embarazo y parto se enfermen de gravedad”, ha manifestado Murillo Valencia.
 
El directivo ha insistido en que “mientras unas unidades van cerrando, las maternas que eran atendidas en esas unidades que ya no están disponibles, tienen que irse a otras unidades, eso genera que en esas zonas de atención haya una congestión de pacientes”.
 
“Esa situación genera una presión sobre los médicos y el personal de salud debido a que deben atender a un número mayor de mujeres y eso va deteriorando la calidad en la atención. Lo que lleva a que se utilicen intervenciones innecesarias como el uso de medicamentos para acelerar el parto”, ha recalcado Murillo.
 
En ese mismo sentido el directivo ha destacado que, “ese tipo de acciones eventualmente puede poner en riesgo la salud de madre y del bebé, deteriorando la calidad en la atención. Igualmente, hay una norma técnica que establece que una mujer después debería estar en observación por lo menos 24 horas después del nacimiento y en caso de cesárea por lo menos unas 48 horas”.
 
“Se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres por las unidades que se van cerrando con una calidad no óptima para la atención, de alguna manera se viola la ley de parto humanizado, que en Colombia rige desde el año 2022”, ha afirmado el presidente de ASAGIO.
 
Referente a las consecuencias que generan estos cierres en los servicios maternos, Murillo ha remarcado que también afecta al personal de Salud, “debido a la sobrecarga laboral, que además puede provocar alteraciones en la salud mental del personal por las labores cotidianas”, ha dicho Murillo y agregó que estos son otros aspectos que trae consigo el cierre de unidades de atención materno infantil.
 
Por último, el directivo de ASAGIO ha enfatizado que se entra en una paradoja porque el país tiene unos compromisos a nivel internacional en el que se compromete a priorizar la salud materno infantil.
 
“Entendemos que no existe un buen estímulo económico para la atención materno infantil y es que esas unidades trabajan bajo pérdida, debido a que el costo unitario por cada parto atendido es superior al costo que asumen las instituciones que prestan ese servicio”, ha concluido Murillo.

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