Edición Médica

Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Para los profesionales de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, no sólo basta la aprobación de la Ley 2316 de 2023, que establece sanciones para quienes causen lesiones a personas con sustancias inyectables como los Biopolímeros, también es necesaria su reglamentación.
 
Al respecto la cirujana estética Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha celebrado la decisión del presidente Gustavo Petro “al sancionar esta ley, pero es muy importante para nosotros y los pacientes que se reglamente y para ello hay tres meses para hacerlo, de esta manera si se podrá ejercer un control. No queremos que ocurra lo que sucedió con la Ley Estatuaria, nunca fue reglamentada”.
 
La profesional, quien también es presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS), ha esclarecido que “la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 2316 es muy importante y más cuando en las últimas estadísticas internaciones Colombia ha quedado en el segundo lugar como el país donde más extranjeros llegan a practicarse cirugías estéticas. Así se controlará la utilización de los Biopolímeros y más que ello, se garantizará seguridad y bienestar a los pacientes, quienes depositan toda su confianza en nosotros como cirujanos”. 
 
En ese sentido, Triana ha reiterado el llamado al Gobierno Nacional para que, en los tres meses que da la ley sea regulada “con el fin de que sean controladas y judicializadas las personas que han aplicado y aún están utilizando la sustancia Biopolímeros en el cuerpo, principalmente en las mujeres y ya no seremos el segundo país en el mundo en practicar cirugías estéticas, sino que seríamos pioneros en seguridad del paciente y en calidad en los procedimientos”.
 
De igual forma, la especialista ha sido enfática al resaltar que, “todo cirujano estético debe tener en cuenta que no sólo basta que el insumo, en este caso el Biopolímero, tenga el registro Invima, hay que tener claridad es si está o no autorizado y qué cantidad se debe aplicar”.
 
“La falla que han tenido es que han violado esos requisitos, porque para aumentar los glúteos se requiere de mucha sustancia de ese biomodelante y por eso ha causado tanto daño en la salud y el bienestar de las pacientes”, ha agregado Triana.
 
La actual presidente de ISAPS también ha instado a los profesionales de la estética para “trabajar en pro de la seguridad, bienestar y satisfacción del paciente. Si como cirujano tengo el conocimiento, entrenamiento, experiencia y una adeuda formación, cualquier procedimiento estético debe ser exitoso, aunque los riesgos siempre estarán en cualquier cirugía, pero lo importantes es disminuirlos”.
 
Por último, Triana ha expresado que “si tengo la experiencia y la formación profesional para saber si mi paciente sí se puede practicar la cirugía que requiere y que los insumos empleados para el procedimiento son los ideales, es muy probable que el procedimiento no le causarán daño en su cuerpo”.
 
“En el área de la cirugía estética hay que tener en cuenta muchos aspectos que deben ir en favor del paciente y ante todo debemos seguir al pie de la letra las reglamentaciones que en salud se deben cumplir”, ha concluido la cirujana.
 
 
El dato
 
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sancionado la Ley 2316 de 2023, la cual fue debatida y aprobada por el Congreso de la República, según ponencia del senador Carlos Fernando Motoa, la cual establece todo un marco normativo para proteger a las víctimas de Biopolímeros en el país.
 
Además, será impulsada la creación de un registro nacional de centros de venta, profesionales o clínicas dedicadas a los procedimientos estéticos. También se contemplan los servicios como el diagnóstico, tratamientos, rehabilitación y los procedimientos de manejo y retiro de dicha sustancia por parte de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, las cuales, deberán cubrir los gastos de los medicamentos y los tratamientos pertinentes para el apoyo psicosocial y la salud mental de los afectados.

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