Edición Médica

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de ACHC.

Redacción. Bogotá
Ante el anuncio del Gobierno de liquidación de varias EPS intervenidas y en quiebra, como Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, SOS y Capresoca, entre otras, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha expresado su preocupación por el impacto que tendría esta medida que no cuenta con una adecuada transparencia y planificación.
 
Según el Gobierno, esta medida tiene el objetivo de reestructurar el sistema de salud que atraviesa una evidente crisis financiera. Por lo que es necesario trasladar a los pacientes a otras instituciones y superar las barreras que afectan la continuidad de sus tratamientos.
 
“Nosotros reaccionamos con preocupación frente a estas decisiones que se han anunciado y que no conocemos en detalle su operación técnica, pero tenemos preocupación con 2 conglomerados específicamente”, ha dicho Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de ACHC.
 
Ha indicado que el primer conglomerado es la población, los pacientes y sus familias porque “si bien hay unos mecanismos que han funcionado de traslado y asignación de grupos poblacionales en estos casos… Estos son procedimientos que deben ser bien planificados”, no cabe improvisación. Para esto se tiene que consultar ampliamente la capacidad y la ubicación de las EPS receptoras.
 
“Es una conversación compleja porque cada una de las entidades que recibe debe hacer unas expansiones y unas adecuaciones en su sede, en sus contratos y en sus capacidades financieras para acoger de manera adecuada a la población que va a llegar”, ha considerado.
 
Por lo tanto, ha insistido en que se requiere una logística muy importante para que este proceso sea adecuado y libre de riesgos para la gente.
 
A su criterio, el segundo conglomerado son las instituciones prestadoras de servicios de salud, como hospitales, clínicas, etc. “Las liquidaciones son un fracaso del sistema, nunca tiene un buen desenlace. La historia nos ha demostrado que, específicamente en lo económico, las IPS salen defraudadas en todos estos procesos”, ha enfatizado el director general de ACHC.
 
Según ha asegurado, cuando llega la liquidación, toda la cartera por cobrar queda prácticamente queda perdida. “Nosotros conocemos de la reclamación que hace una IPS por un valor total”, pero apenas se les hacen un reconocimiento que a duras penas alcanza un 25 o 30 por ciento y, sobre eso, se hace un pago de alguna fracción, que en muchos casos apenas llega al 10 por ciento”.
 
Por esta razón, ha considerado que esta situación es un enorme daño para el sector prestador de servicios de salud. Entonces, le ha pedido al Gobierno Nacional que actúe con sensatez, “tiene que pensar en esos dos grupos que estamos nosotros mencionando y dar las condiciones para que haya, específicamente para los prestadores de servicios de salud, la posibilidad de recuperar la mayor parte posible, si no la totalidad, los recursos que invirtió en la atención de esa población”, ha dicho.
 
“Si el Gobierno ya tomó la decisión, tiene que entender que aquí hay unos eventuales daños que pueden llegar y tiene que hacer medidas de protección, tanto para la gente como para las instituciones prestadoras de servicios”, ha insistido.
 

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