Edición Médica

Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública.

Redacción. Bogotá
El Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” ha establecido el artículo 193: “Formulación, adopción e implementación de la nueva Política Nacional de Drogas”, con una proyección a diez años de manera participativa e incluyente, con un enfoque de género, diferencial y territorial, sobre un nuevo enfoque en la política de drogas en Colombia.
 
Para concretar el dialogo, el Gobierno ha contado con la participación de las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional. La construcción “desde los saberes y vivencias de las personas de las zonas rurales y vulnerables que han sufrido los efectos de la guerra”.
 
De ese modo, se organizaron 27 espacios territoriales en 16 departamentos, cubriendo más de 150 municipios e involucrando a mujeres, jóvenes, pequeños cultivadores y consumidores. A través de 61 mesas técnicas interinstitucionales y sesiones con aliados estratégicos, se conformó la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento para la construcción de la política, la cual está compuesta por 11 entidades nacionales y voceros de 10 sectores de la sociedad civil.
 
De acuerdo con el diagnostico presentado por el Gobierno, el fenómeno de la coca en Colombia tiene dos características principales: la concentración y la persistencia. El Observatorio de Drogas de Colombia ha estimado que, en promedio, el gasto anual es de 3,8 billones de pesos.
 
En los últimos 20 años, el país ha hecho una inversión aproximada de 76 billones de pesos. Si bien en el camino se han obtenido resultados, lo cierto es que no se han alcanzado los dos principales objetivos: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas. Pese a que entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843.905? hectáreas de coca, el área sembrada para este periodo se incrementó en un 327 por ciento.
 
En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se ha observado en el país un incremento del 5,1 por ciento al 8,7 por ciento en el consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) entre 1996 y 2019.
 
Se ha observado un aumento de la conflictividad en los territorios, afectaciones a los derechos humanos y a la salud pública, especialmente de personas con mayores vulnerabilidades socioeconómicas; así como impactos negativos en el ambiente y el enriquecimiento de los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
 
El 57 por ciento de su población vive en condición de pobreza monetaria, mientras que, en los centros poblados y zonas rurales dispersas del resto del país, esta cifra es del 36 por ciento. La mayoría carece de servicios esenciales como Salud (97 por ciento sin acceso real debido a la distancia), electricidad (37 por ciento sin servicio) y vivienda adecuada (25 por ciento vive en hacinamiento), mientras que, el 92 por cientode los niños entre 6 y 9 años trabaja en el campo.
 
Ejes tejedores en materia de Salud
 
El nuevo enfoque ha propuesto transformar las narrativas estigmatizantes con el fin de implementar medidas de justicia social en favor de los grupos desproporcionalmente afectados por el narcotráfico.
 
Además, se han propuesto avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca. Proteger las prácticas y saberes de las comunidades étnicas asociados a las plantas.
 
De igual forma, se ha contemplado la investigación de las propiedades y potencialidades de otras especies y sustancias. Liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.
 
Adicional a ello, la nueva política ha previsto establecer un marco regulatorio aplicable al uso adulto del cannabis con enfoque de derechos humanos, salud pública, justicia social y ambiental. Por lo que Colombia busca cambiar hacia un paradigma centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen.

Garantizar que los esfuerzos y los recursos del Estado y la cooperación internacional sean asignados de manera estratégica, eficaz y proporcional, atendiendo no solo las manifestaciones del narcotráfico, sino además sus causas estructurales.
 
Otro de los aspectos clave ha apuntado a promover la salud integral e integrada y prevenir el consumo de sustancias Psicoactivas (SPA). Garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas.
 
Finalmente, las estrategias de reducción de los riesgos, daños y estigmas asociados al uso de sustancias psicoactivas también han sido considerados para impulsar la inclusión, protección social y cuidado de las personas que usan drogas con enfoque territorial y comunitario e impulsar la comprensión informada sobre el fenómeno de las drogas. 
   

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