Edición Médica

Redacción. Bogotá

La Procuraduría General de la Nación ha intensificado el seguimiento a Nueva EPS tras advertir un deterioro financiero, administrativo y asistencial durante la intervención estatal iniciada en abril de 2024. El Ministerio Público también ha abierto expedientes para establecer posibles responsabilidades disciplinarias de exfuncionarios y agentes que han participado en este proceso.

Según el análisis del organismo, la intervención forzosa para administrar no ha acreditado resultados suficientes y sostenidos para mejorar el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de la aseguradora, que actualmente cuenta con más de 11,4 millones de afiliados.

PQR y tutelas reflejan las barreras de acceso

Las peticiones, quejas y reclamos (PQR) han pasado de 451.265 en 2023 a cerca de 934.926 en 2025. Durante el primer trimestre de 2026 se han registrado otras 216.308.

Entre las principales dificultades se han reportado 48.178 reclamos por falta de acceso a medicamentos y 26.780 por problemas para obtener citas con especialistas. Además, se han registrado 40.668 tutelas, de las cuales 31.588, equivalentes al 77 por ciento, figuraban sin solución según el corte utilizado por la Procuraduría.

“La situación financiera y de acceso a los servicios de salud se ha deteriorado seriamente desde la implementación de la medida”, ha señalado el documento del organismo de control.

Patrimonio negativo podría alcanzar $11,9 billones

En el componente financiero, la Procuraduría ha proyectado un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos, junto con un rezago aproximado de 12,9 millones de facturas por 13,5 billones de pesos.

También se ha advertido la falta de estados financieros certificados y dictaminados de vigencias recientes, así como problemas de interoperabilidad, facturación y registros relacionados con la entrega de medicamentos.

Estas cifras deben diferenciarse de otros balances que han situado los pasivos de Nueva EPS por encima de 26 billones de pesos, debido a que patrimonio negativo, cuentas pendientes y pasivos corresponden a conceptos contables distintos.

Procuraduría investiga a exfuncionarios e interventores

El Ministerio Público ha abierto expedientes contra 13 exfuncionarios y actores vinculados con la intervención, entre ellos el exministro de Salud Guillermo Jaramillo; exsuperintendentes y exsuperintendentes encargados; y antiguos agentes interventores de Nueva EPS.

Las investigaciones deberán establecer individualmente si se han presentado acciones u omisiones que constituyan faltas disciplinarias. La apertura de los expedientes no implica que exista responsabilidad establecida.

Mientras avanzan las actuaciones, la intervención de Nueva EPS ha sido prorrogada hasta el 10 de abril de 2027, mientras que Roberto José Tercero Solano Navarra ha asumido como agente especial interventor.

La situación coincide con el plan de choque que ha comenzado a implementar la ministra de Salud, Ana María Vesga, para atender servicios y tecnologías pendientes y revisar la situación de las EPS intervenidas.

La cartera ha establecido el 31 de diciembre de 2026 como horizonte para avanzar en la evaluación individual de las siete entidades intervenidas. Vesga también ha señalado que alrededor del 75 por ciento del rezago de atención identificado estaría concentrado en estas EPS.

Impacto para prestadores y personal de salud

Para las IPS y el talento humano sanitario, la situación de Nueva EPS tiene consecuencias que van más allá de su administración. El rezago de facturas y las barreras para acceder a medicamentos y especialistas pueden aumentar la presión sobre hospitales, clínicas y equipos responsables de garantizar la continuidad asistencial.

El desafío de la intervención será demostrar resultados verificables. Para los más de 11,4 millones de afiliados, su efectividad deberá reflejarse en entrega de medicamentos, acceso oportuno a especialistas, resolución de reclamaciones y cumplimiento de las obligaciones con la red prestadora.