Edición Médica

Norma Hurtado, senadora y una de las autoras del proyecto.

Redacción. Bogotá
Un nuevo proyecto de ley radicado en el Senado ha propuesto adoptar de manera obligatoria y progresiva una Política Nacional de Salud Sanguínea e implementar territorialmente la Gestión de la Sangre del Paciente, con un cambio de enfoque que no se limitaría a garantizar la disponibilidad de sangre donada, sino que incorporaría intervenciones clínicas para preservar la sangre del propio paciente y optimizar las indicaciones transfusionales.
 
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 260 de 2026 Senado, radicado el 23 de septiembre y ha sido impulsada por los senadores Norma Hurtado Sánchez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo. El proyecto apenas ha iniciado su trámite en el Congreso, por lo que sus disposiciones todavía no constituyen obligaciones vigentes para EPS, IPS ni profesionales de la Salud.
 
La propuesta busca que la respuesta a las necesidades transfusionales incorpore la prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia y las deficiencias nutricionales; reducción de las pérdidas sanguíneas y las coagulopatías; y utilización racional de los componentes sanguíneos. El modelo priorizaría pacientes pediátricos, obstétricos, quirúrgicos, traumáticos y críticos.
 
Rutas clínicas comenzarían antes de la transfusión
 
El proyecto plantea estructurar rutas de atención dirigidas a intervenir factores que pueden aumentar posteriormente los requerimientos transfusionales.
 
Una de ellas estaría orientada a la detección y tratamiento oportuno de la anemia y las deficiencias de hierro. En obstetricia se incorporarían intervenciones para prevenir y manejar hemorragias graves, mientras que en cirugía mayor y trauma se aplicarían medidas destinadas a controlar tempranamente el sangrado.
 
Para los pacientes atendidos en unidades de cuidados intensivos también se establecerían estrategias de conservación de la sangre propia. El planteamiento supone, por tanto, desplazar parte de la gestión desde el momento de la transfusión hacia etapas anteriores del proceso asistencial.
 
La iniciativa no eliminaría ni sustituiría la actual red transfusional. El PBM se plantea como un componente complementario orientado a reducir pérdidas evitables y optimizar el uso de hemocomponentes cuando exista indicación clínica.
 
IPS y ESE tendrían estructuras para gestionar la salud sanguínea
 
La propuesta tendría alcance nacional e involucraría al Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud (INS), Invima, Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, EPS, IPS, bancos de sangre y laboratorios.
 
Además, hospitales y Empresas Sociales del Estado tendrían unidades o comités especializados para implementar el modelo, mientras que las instituciones educativas con programas de ciencias de la salud incorporarían sus fundamentos dentro de los procesos formativos, respetando la autonomía universitaria.
 
El proyecto también contempla la creación de un Sistema Nacional de Salud Sanguínea, acompañado de un consejo para orientar la política y de un Observatorio Nacional de Salud Sanguínea, encargado de recopilar información y evaluar resultados.
 
Este diseño ampliaría el abordaje institucional más allá de la disponibilidad y seguridad de los componentes sanguíneos: introduciría seguimiento sobre anemia, pérdidas sanguíneas, prácticas transfusionales y resultados de las intervenciones destinadas a conservar la sangre del paciente.
 
Colombia registró cerca de un millón de donaciones en 2024
 
La exposición presentada con la iniciativa señala que, a marzo de 2025, Colombia disponía de 82 bancos de sangre activos, con diferencias en su distribución territorial. Durante 2024 se habrían captado 997.115 donaciones, mientras en el país se realizan alrededor de 1,5 millones de transfusiones anuales en más de 390.000 pacientes. Estas cifras corresponden a la información incorporada por los promotores del proyecto.
 
La propuesta busca abordar esas diferencias territoriales mediante una política nacional que combine disponibilidad de hemocomponentes con intervenciones destinadas a disminuir requerimientos transfusionales evitables.
 
No obstante, reducir transfusiones no constituye por sí mismo el objetivo clínico del modelo. La iniciativa plantea que la decisión continúe determinada por la necesidad del paciente, mientras se intervienen previamente condiciones modificables y se optimizan las prácticas de conservación sanguínea.
 
El proyecto retoma una iniciativa que no completó su trámite
 
La propuesta tiene además un antecedente legislativo reciente. Un proyecto con el mismo objeto, identificado como Proyecto de Ley 346 de 2025 Senado, había avanzado hasta la publicación de ponencia para primer debate en abril de 2026, pero fue archivado el 20 de junio por tránsito de legislatura.
 
La nueva iniciativa retoma así la discusión sobre una política nacional que articule la red transfusional con la Gestión de la Sangre del Paciente. Su alcance definitivo dependerá ahora del trámite legislativo y de las modificaciones que pueda recibir durante los debates en el Congreso.
 
De aprobarse, la transición propuesta implicaría pasar de un esquema concentrado principalmente en captación, procesamiento, disponibilidad y transfusión de hemocomponentes hacia otro que incorpore sistemáticamente la detección de anemia, la prevención del sangrado, la conservación de la sangre propia y la evaluación de la pertinencia transfusional dentro de la atención clínica.

---