Edición Médica

La Defensoría mantiene su alerta sobre la situación de pacientes y talento humano en Salud.

Redacción. Bogotá
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre una creciente vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia y reiteró la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas por parte de los actores del sistema, ante las dificultades persistentes en el acceso a servicios, la entrega oportuna de medicamentos y la estabilidad financiera de la red prestadora.
   

En lo corrido del año, la entidad ha promovido y participado en mesas interinstitucionales con Entidades Promotoras de Salud (EPS), hospitales, gestores farmacéuticos, así como con usuarios y organizaciones de pacientes. Estos espacios han estado orientados a garantizar la atención prioritaria de casos críticos, destrabar pendientes en la dispensación de medicamentos esenciales y establecer compromisos verificables para la normalización de pagos y la conformación de redes de prestación suficientes y disponibles.
 
Riesgos para la continuidad asistencial
 
La situación resulta especialmente delicada para las personas afiliadas a la Nueva EPS, entidad que enfrenta una compleja coyuntura financiera. La Defensoría ha manifestado su profunda preocupación por el embargo de las cuentas de esta EPS, al considerar que esta medida puede agravar la crisis de hospitales, clínicas y dispensarios, comprometiendo la continuidad de la atención y el flujo de recursos hacia los prestadores.
   

Asimismo, la entidad ha alertado que estas restricciones financieras impactan directamente la capacidad resolutiva de los servicios, afectan la programación de atenciones y ponen en riesgo a pacientes con condiciones crónicas, enfermedades de alto costo y tratamientos de carácter vital.
 
Aunque las dificultades se presentan a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima. En estos territorios, las fallas en la prestación de servicios y en el acceso a medicamentos han alcanzado niveles considerados alarmantes, con consecuencias directas para pacientes y para el talento humano en salud.
 
Finalmente, la Defensoría ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social fortalecer de forma urgente los canales de comunicación institucional y abstenerse de emitir declaraciones que puedan percibirse como indiferentes frente a la gravedad de la crisis. Subrayó que la falta de empatía ante la angustia de los equipos asistenciales y de los pacientes resulta inadmisible en un contexto de deterioro sostenido del sistema.
   
“Garantizar el derecho a la salud no es opcional; es una obligación ineludible del Estado”, ha reiterado la entidad, al tiempo que instó a avanzar en soluciones estructurales que prioricen la vida, la dignidad de los pacientes y las condiciones en las que el talento humano desarrolla su labor, como eje central de la sostenibilidad del sistema de Salud.
   

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