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Reformitis versus derecho a la salud y dignificación del talento humano


Lunes, 28 de septiembre de 2020, a las 17:35
*Ulahy Beltrán López, Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana.

Como se volvió costumbre en los últimos lustros, casi que con cada inicio de la legislatura congresional colombiana, senadores y representantes anuncian la radicación de nuevos proyectos de ley que le darán finalmente la deseada y necesaria solución a por lo menos estas tres de las más grandes problemáticas que afectan al sector salud en nuestro país:  el acceso y la calidad de los servicios, el equilibrio y la sostenibilidad financiera del sistema, y la dignificación del talento humano del salud (THS).

Así las cosas, este año no ha sido distinta esa tendencia en el Congreso de la República y por ello los legisladores han anunciado, inclusive con el apoyo del mismo gobierno, que con dos de los proyectos de ley que hoy, cursan en el escenario definido para el debate y aprobación de las leyes en Colombia, en plena época del Covid-19, se mejorarán por fin de manera significativa las condiciones la salud de los colombianos y las de los trabajadores de la salud.

Uno de esos proyectos, el numerado como Proyecto de Ley 331 que se anuncia que es “por medio del cual se fomenta el trabajo digno del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones”, buscando la “dignificación del talento humano en salud”, ha sido cuestionado y rechazado por más de cincuenta gremios de la salud, organizaciones sindicales y sociales la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Confederación de Trabajadores, entre otras. Es decir que el Talento Humano en Salud en Colombia, agremiado y agrupado en medio centenar de entidades, ese mismo que habría de ser dignificado por el citado Proyecto de Ley 131, es el más firme opositor de esa propuesta legislativa.

¿Cuál es la razón para la oposición al mencionado proyecto? Sencillamente que según el Talento Humano en Salud de este país, esa nueva medida propuesta para convertirse en Ley de la República, además de ser abiertamente inconstitucional en gran parte del articulado, termina por “avalar la tercerización laboral en un importante grupo de profesionales de la salud especialistas, contrariando diversos fallos de la justicia colombiana que prohíben estas prácticas que han derivado en la precarización laboral y el derecho fundamental a la libertad sindical”, como lo expresó la médica siquiatra Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombia (FMC).

El inconformismo de las más de cincuenta organizaciones que agrupan al Talento Humano en Salud en Colombia es tal, que manifestaron su rechazo solicitándole a los representantes a la Cámara que archivaran el Proyecto de Ley 331, porque además de ser inconstitucional, consideran que en últimas éste no previene la tercerización laboral, entre otras razones de peso, y por tanto, antes que dignificar y propender por el trabajo digno de este grupo de personas, lo pauperiza aún más.

El otro proyecto que cursa en el Congreso, radicado el 20 de julio del presente año en la Comisión Séptima del Senado, es el Proyecto de Ley 10 que según su enunciado busca realizar “una reforma al sistema de seguridad social en salud y reglamentar la ley estatutaria 1751 de 2015” y que en su momento se vendió a la opinión como “una revolución de salud en Colombia”.

Frente a ese proyecto son muchas las opiniones en contra que se han presentado desde el mismo momento que se conoció el texto radicado en la precitada célula legislativa. Esas opiniones han sido el consenso de la mayoría de los gremios de la salud que consideran que si bien el proyecto se presenta como la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, lo que termina siendo es “una negación de esta norma en sus elementos fundamentales, lo que supone un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, profundiza la privatización del sistema de salud, la negación de servicios, e introduce elementos inconstitucionales, frente a la propia ley estatutaria de salud y la autonomía universitaria”, como lo manifiesta la FMC, conformante de ese grupo de gremios del sector que se opone a esa iniciativa legislativa.

Inclusive la Vicepresidente de este gremio médico, Carolina Corcho ha dicho que “este Proyecto no es más que un refrito de un conjunto de normatividad fallida que no han resuelto ni resolverán la profunda crisis de la salud en Colombia”, además que en el articulado propuesto “no hay nada nuevo, de lo ya intentando en Colombia por múltiples mecanismos inconstitucionales, para salvaguardar el negocio de la salud, que nada tiene que ver con el derecho fundamental a la salud promulgado en la ley estatutaria 1751 de 2015”.

Frente al tema financiero, la FMC ha dicho que “el Proyecto tiene como uno de sus ejes, la reglamentación comercial de las transacciones en salud, sin considerar este como un derecho fundamental, no desarrolla de ninguna manera la atención primaria en salud”, sino que antes por el contrario “introduce más fragmentación y barreras de acceso en la atención de los ciudadanos” y tampoco favorece ni beneficia a los trabajadores del sector salud.

Debe decirse que para este Proyecto de Ley 10, que también ha sido rechazado por inconveniente por parte de la gran mayoría de los gremios de la salud como la ya mencionada Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano (CMC), la Asociación Médica Sindical de Colombia (Asmedas, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME), la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar (Socmef),  el Presidente Iván Duque le solicitó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes realizar su trámite con mensaje de urgencia.

En síntesis, parece que los dos Proyectos de Ley claves de la actual legislatura para el sector salud, que según sus autores e impulsadores traerían solución a las tres graves problemáticas del sector salud en Colombia mencionadas al inicio de este escrito, no resultan ser la solución necesaria y requerida para ello, a la luz de la opinión de la mayoría de los actores intervinientes en el sistema de salud colombiano, y obedecen más bien a la ya crónica patología de este sector tan sensible: la siempre presente “obesidad normativa sectorial” en su versión “reformitis”.

En ese orden de ideas, parece que a los congresistas y al mismo Gobierno les tocará volver a barajar soluciones o modificar mucho del contenido de las que cursan actualmente en el Congreso, pues según los actores inconformes con dichas iniciativas legislativas, distan bastante de lo que se requiere para darle el acceso y la calidad a los servicios; el equilibrio y la sostenibilidad financiera al sistema; y la dignificación al talento humano del salud.
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